LISMI: Ley de Integración Social del Minusválido

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Desde Jobandtalent, amparándonos en nuestra labor informativa, hoy queremos hablarte de la ley LISMI de Integración Social del Minusválido. Según esta ley, toda empresa pública y privada que cuenta con una plantilla superior a los 50 trabajadores, tiene la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. Este tanto por cierto está reservado para personas con una discapacidad igual o mayor al 33%. Con esta medida, la LISMI pretender impulsar y fomentar la integración laboral de personas con discapacidad.

A efectos de la LISMI, se entiende por minusválido “toda aquella persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se encuentren reducidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

A pesar de ello, hay muy pocas empresas que cumplan con su obligación por lo que en 2000 se crearon las llamadas Medidas Alternativas:

–  Compra de bienes a un Centro Especial de Empleo o a un autónomo con discapacidad.

–  Formalización de un contrato civil o mercantil con un Centro Especial de Empleo, con un trabajador autónomo discapacitado, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.

–  Donación o acción de patrocinio.

–  Creación de Centros Especiales de Trabajo (CET) y los enclavamientos laborales (contrato entre una empresa del mercado ordinario y un Centro Especial de Empleo para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de ésta y por la cual un grupo de trabajadores discapacitados del Centro Especial de Empleo se desplacen temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora).

La LISMI contempla una serie de beneficios y bonificaciones para favorecer la contratación de personas con discapacidad:

– Subvención hasta 3.900 euros por contrato indefinido.

– Bonificaciones en la Seguridad Social hasta 6.300 euros al año.

– Subvenciones para adaptación del puesto de trabajo hasta 900 euros.

– Deducciones en el Impuesto de Sociedades hasta 6.000 euros por cada incremento.

En caso de incumplimiento de la LISMI, el régimen sancionador determina la pérdida de todas las bonificaciones en materia laboral; la imposibilidad de recibir ayudas o subsidios de la Administración Pública; una sanción de hasta 6.000 euros al año por persona no contratada o falta de medidas alternativas. También se contemplan otras sanciones en función de la reincidencia.

La información es poder y todos debemos seguir la norma, sobre todo si se trata de favorecer la integración de un colectivo vulnerable. Busca en nuestras ofertas de empleo y haz de tu entorno laboral un lugar mejor.

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