Discapacidad y empleo en época de crisis

-El paro en personas discapacitadas alcanza el 62%, según la EPA

De una baraja de problemas donde el rey es el empleo, con un país gobernado por 6.202.700 millones de parados, las consecuencias a todos los niveles de la sociedad son terribles. La tasas de desempleo para los jóvenes de entre 16 y 25 años es de un 57,22%, una cifra que sitúa a España junto con Grecia en la cola de Europa en cuanto a la los datos de empleo para jóvenes. Con este panorama, ¿cómo está el mercado laboral para los jóvenes discapacitados? Según el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, los jóvenes discapacitados es uno de los grupos sociales con mayores problemas por la falta de empleo, con una tasa del 62% de paro. En su caso, el empleo es una de las herramientas más fundamentales de progreso, pues les acerca las posibilidades de llevar una vida autónoma y normalizada.

La palabra discapacidad cubre de sombra sus posibilidades laborales, creando un perjuicio sobre su vida como ciudadanos, acentuando sus problemas para el ejercicio y disfrute de sus derechos, tanto civiles, como sociales. Las empresas públicas y privadas que tengan en su plantilla a 50 o más trabajadores, están obligadas a que 2 de cada 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo al que se hace referencia se realizará sobre la totalidad de la plantilla, y en cualquiera de las formas de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa.

Según la Encuesta de la Población Activa junto con la Base Estatal de Personas con Discapacidad la actividad laboral de este colectivo es 36,2% frente al 75,9% que posee el conjunto de la población. Las contrataciones de personas con discapacidad crecieron un 3,33% durante el primer trimestre de 2013, lo que se traduce en 14.455 nuevas contrataciones. Si analizamos el mismo periodo de 2012, vemos que el año pasado el número de contrataciones fueron de 13.987, según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y recogidos por la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo.

Aún con la ley debajo del mazo, la desigualdad se pone de manifiesto en varias áreas de nuestra vida común como son la educación, el acceso a servicios públicos, el disfrute de ocio en actividades culturales y la posibilidad de incrementar su participación en aspectos sociales y políticos en sus ciudades. El artículo 33 del Código Civil prevé que “La sociedad civil, y en particular, aquellas personas con discapacidad, como las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento de este colectivo”

Este problema se está atacando en todas las fases de la política, aunque los resultados llevan tiempo “sumergidos”. El Plan de Acción del Consejo de Europa, que fue adoptado por el Consejo Europeo de Ministros el 5 de abril de 2006, pretendía mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Europa entre los años 2006 y 2013, señalando a los Estados miembros la necesidad de introducir en sus políticas, legislaciones y competencias medidas que favoreciesen la integración de este sector. Además se favorecía la puesta en práctica y la aplicación del plan en los ámbitos que no están sujetos a la responsabilidad directa de los poderes públicos.

En cuanto a la búsqueda de empleo, una de las directrices fundamentales es el papel que desempeñan las familias de los discapacitados, pues deben ser ellos los que posean la mayor información posible sobre las posibilidades laborales que tiene este sector de la población. Muchas veces, el problema en el desarrollo laboral reside en la sobreprotección que ejerce la propia familia, según un estudio realizado por la Universidad de Alicante.

Con respecto al régimen fiscal vigente en España para las personas discapacitadas, se considera que deben de tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debidamente acreditado ante la Administración tributaria, mediante el certificado o resolución expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, o por el órgano competente de Servicios y prestaciones para personas con discapacidad de las Comunidades Autónomas en materia de valoración de las discapacidades.

Están exentas las personas con discapacidad que reciban prestaciones por desempleo reconocidas por la entidad gestora cuando se dan en la modalidad de pago único, con el límite de 15.500 euros, con efectos desde el 1 de enero de 2010, en los casos en los que las cantidades percibidas se destinen a realizar una actividad profesional como autónomo, como socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado o de una sociedad laboral. Aquellas prestaciones que sean percibidas de instituciones públicas por el acogimiento de personas con discapacidad, sea en la modalidad simple, permanente, preadoptivo, o las equivalentes previstas en ordenamientos de Comunidades Autónomas, también están exentas del pago de las renta.

Con respecto a las empresas, por ejemplo, Ikea pretende contar en su plantilla con un 5% de personas con discapacidad. Este proyecto que apuesta por la incorporación de personas con discapacidad al ámbito laboral, la compañía sueca pretende crear un equipo humano que sea reflejo de la sociedad en cuanto a diversidad, género e inclusión.

Actualmente, alrededor del 4% de sus empleados tiene algún tipo de discapacidad, y desde 2011 han integrado a 86 personas con este perfil. En el año 2012, la cadena de comida McDonald incorporó al primer discapacitado con Síndrome de Down a su plantilla, concretamente en Mérida, desempeñando funciones de mantenimiento de salón. Desde el 2008, esta compañía firmó un acuerdo con la ONCE para favorecer la inserción de personas con discapacidad en su plantilla, pretendiendo alcanzar la incorporación de 40 personas con estas características. En el año 2012, Repsol recibió el premio Reina Sofía de Promoción de la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, en reconocimiento a su labor gracias a su programa de ayuda de la integración laboral en este colectivo.

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